Preguntas Frecuentes

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¿Cuáles son los tipos de delitos que existen y quienes pueden denunciar ante los Tribunales de Justicia?

Si bien toda persona puede denunciar un delito cometido en su perjuicio, no toda persona puede denunciar un delito cometido en perjuicio de otra. Para interponer una denuncia es importante tener en cuenta que existen varias clases de delitos:

  1. Delitos de acción pública: Son aquellos que pueden ser perseguidos por la autoridad sin necesidad de que se ponga una denuncia. Basta con que una autoridad los conozca para que deba informar al Ministerio Público, o bien es suficiente que este los conozca para que inicie un procedimiento de investigación. Ejemplos: homicidios, abortos, robos, estafas, falsificación de documentos. En realidad, son delitos de acción pública todos los que no estén indicados en los artículos 18 y 19 del Código Procesal Penal vigente.

    Su importancia en lo que respecta a la denuncia, es que cualquiera puede denunciarlos, aunque no sea víctima ni ofendido en el asunto.

  2. Delitos de acción pública perseguibles a instancia privada: Son aquellos que pueden ser perseguidos por la autoridad solo cuando el ofendido o su representante han puesto la denuncia. La acción puede ser ejercida directamente por el propio Ministerio Público cuando el delito se haya cometido contra un incapaz o un menor de edad, que no tengan representación, o cuando lo haya realizado uno de sus parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o bien cometidos por el representante legal o el guardador.

    La importancia de este tipo de delitos en lo que respecta a la denuncia, es que no todos pueden denunciarlos, sino solamente la propia víctima, los familiares encargados del menor, cuando es este el ofendido, o una entidad social como el Patronato Nacional de la Infancia.

    Los delitos de acción pública perseguibles por denuncia privada son los que establece el art. 18 del Código Procesal Penal:
    1. Las relaciones sexuales consentidas con una persona mayor de doce años y menor de quince
    2. El contagio de enfermedad
    3. La violación, cuando la persona ofendida sea mayor de quince años y no se halle privada de razón o esté incapacitada para resistir.
    4. Las agresiones sexuales, siempre que no sean agravadas ni calificadas
    5. Las lesiones leves y las culposas
    6. El abandono de personas
    7. La ocultación de impedimentos para contraer matrimonio
    8. La simulación de matrimonio
    9. Las amenazas
    10. La violación de domicilio
    11. La usurpación
    12. El incumplimiento del deber alimentario, del deber de asistencia
    13. El incumplimiento o abuso de la patria potestad
    14. Cualquier otro delito que la ley califique como tal (ejemplo: Los delitos contemplados en la Ley General del VIH-Sida", Ley N°7726 del 16 de enero de 1998).
  3. Delitos de acción privada: Son aquellos que sólo pueden ser perseguidos si el propio ofendido o su representante denuncia el hecho ante el Juez Penal directamente. En consecuencia, el Ministerio Público no participa en dicha persecución penal. Aunque sean conocidos por otras personas o por el mismo Ministerio Público, no se abrirá un procedimiento para castigar al imputado si el ofendido no lo denuncia. El artículo 19 del Código Procesal Penal establece cuáles son:

    a) Delitos contra el honor. Están contemplados en los artículos 145 a 155 del Código Penal, y son:
    • Injuria.
    • Difamación.
    • Calumnia.
    • Ofensa a la memoria de un difunto.
    • Publicación de ofensas.
    • Difamación de persona jurídica.

    b)La propaganda desleal (art. 242 del Código Penal)

    c) Cualquier otro delito que la ley califique como tal.


Revocatoria de la instancia:

Una denuncia ya interpuesta por un delito de acción pública no se puede "quitar", pero dependiendo de la gravedad del delito las partes pueden negociar una medida alterna para que no se llegue a juicio, tales como la conciliación, la suspensión del procedimiento a prueba, el criterio de oportunidad, la conversión de la acción pública en privada, la reparación integral del daño, el pago del máximo de la multa o el procedimiento abreviado.

Pero cuando se trata de una denuncia por un delito de acción pública perseguible a instancia privada (artículo 18 del Código Penal), la víctima o su representante pueden solicitar al Ministerio Público que se deje sin efecto la persecución penal en contra del imputado. A eso se llama "revocar la instancia".

Delitos cometidos en el extranjero:

Pueden denunciarse delitos cometidos en el extranjero en los siguientes casos (artículos 4, 5 y siguientes del Código Penal), cuando:
  1. Atenten contra la seguridad interior o exterior de Costa Rica
  2. Afecten la economía nacional
  3. Sean cometidos contra la administración pública por funcionarios al servicio de ella, sean o no costarricenses.
  4. Produzcan o puedan producir sus resultados en todo o en parte del territorio nacional
  5. Hayan sido cometidos por personas al servicio de Costa Rica y no hubieren sido juzgadas en el lugar de comisión del delito, en virtud de algún tipo de inmunidad legal.
  6. Sean cometidos contra algún costarricense o contra sus derechos.
  7. Se trate de actos de piratería, genocidio, falsificación de moneda, títulos de crédito, billetes de banco y otros efectos al portador
  8. Sean delitos referentes a trata de esclavos, mujeres o niños.
  9. Se ocupen de estupefacientes y publicaciones obscenas
  10. Se trate de delitos contra los derechos humanos previstos en tratados internacionales suscritos por Costa Rica o tipificados por nuestro Código Penal.
El Ministerio Público no puede negarse a recibir ninguna denuncia, por los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. Aun en casos como violencia doméstica, contravenciones, atención a la víctima, pensiones alimentarias u otras gestiones, el representante del Ministerio Público está obligado a recibir la gestión y resolver lo que en Derecho corresponda, o bien a orientar al denunciante para que acuda ante el despacho correcto.
 ¿Cuáles datos se necesitan para denunciar ante la Fiscalía o el OIJ?

Datos personales
Indicar el nombre completo, y dirección de la casa, otros datos importantes como y los números de cédula de identidad, la edad, el sexo, la cantidad de hijos, parentesco, o relación existente.

Narración de los hechos
Contar los hechos tal y como sucedieron, en forma ordenada y clara. Tratar de anotar todos los hechos en detalle con hora, fecha, lugar de los hechos.

Dirección o número para notificación
Indicar una dirección cercana al juzgado o bien número de fax, correo electrónico (si lo tiene), tanto de la persona ofendida como de la persona agresora, esto para que puedan recibir las notificaciones. En caso de no poder hacerlo, deberá preguntar constantemente en el Juzgado por el estado del expediente.

Presentación de pruebas
La presentación de pruebas es esencial, ya sean pruebas documentales, testimoniales, dictámenes médicos, etc. Si la demanda no llenare los requisitos legales, el juez ordenará al actor que la corrija y, para ello, le puntualizará los requisitos omitidos o no llenados como es debido.

 ¿Qué tipo de denuncias se presentan ante el Juzgado Contravencional?

Las denuncias presentadas ante el Juzgado Contravencional son las relacionadas con faltas menores que cometen las personas contra la integridad corporal de otras personas. (como por ejemplo: lesiones levísimas, amenazas personales y otras).

Las contravenciones no son consideradas como un delito, sino que constituye una falta menor que se sanciona con días multa, según sea el caso.

Las contravenciones de daños menores, hurto menor y de lesiones levísimas según el Código Penal, cuando la persona reincide en este tipo de conducta la pena será de días de prisión, por ejemplo para el caso de lesiones levísimas la pena será de 10 a 30 días de prisión y en las contravenciones de daños y de hurto menor será de 5 a 20 días de prisión.

Las sanciones que se establecen van desde multas, trabajo comunal o resarcir el daño ocasionado.

¿Las personas menores de edad ¿pueden ser denunciadas por algún delito? ¿Cuál es la edad? ¿Cómo se les juzga? ¿Qué ley se les aplica?

Las personas menores de edad comprendidas entre las edades de los doce años y menos de dieciocho están sujetos a la Ley Penal Juvenil al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales. Asimismo, las personas mayores de edad que en el transcurso del proceso cumplan los dieciocho años.

Los actos cometidos por una persona menor de doce años de edad, que constituyan delito o Contravención, no serán objeto de la ley Penal Juvenil; la responsabilidad civil quedará a salvo y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales competentes. Sin embargo, los Juzgados Penales Juveniles referirán el caso al Patronato Nacional de la Infancia, con el fin de que se le brinde la atención y el seguimiento necesarios.

Si las medidas administrativas conllevan la restricción de la libertad ambulatoria de la persona menor de edad, deberán ser consultadas al Juez de Ejecución Penal Juvenil, quien también las controlará.

Quien tenga noticia de un delito o contravención cometido por una persona menor de edad podrá denunciarlo ante el Ministerio Público, salvo si se trata de un delito de acción privada. Las sanciones aplicables a las personas menores de edad deberán tener como finalidad primordialmente educativa, se tomaran considerando su formación integral y la reinserción en su familia o su grupo de referencia. Entre ellas puede ser prestar servicio a la comunidad, libertad asistida, reparación del daño, internamiento domiciliario, internamiento en tiempo libre, en un centro especializado y ordenes de orientación y supervisión de parte del juez.

¿Una persona menor de edad puede acudir a los Juzgados de Violencia Domestica a denunciar maltrato de su padre y/o madre? Denunciar a su pareja? Qué conocen los Juzgados de Violencia Doméstica? La medida de protección por cuánto tiempo se impone? Cómo se puede modificar (apelación)?

Las personas menores de edad están facultados para interponer denuncias, sin límite de edad (derecho de acceso a la justicia) pero la autoridad siempre tomará en cuenta su madurez emocional para determinar cómo recibirá su gestión (artículos 104 y 105 del Código de la Niñez y la Adolescencia).

La persona menor de edad tiene el derecho de ser protegida por el estado contra cualquier forma de abuso intencional o negligente de carácter humillante o degradante y garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales en un ambiente físico y mental sano.

Dichas normas indican: "Art. 104 - Derecho de denuncia: Se garantiza a las personas menores de edad el derecho a denunciar una acción cometida en su perjuicio y a ejercer, por medio del representante del Ministerio Público, las acciones civiles correspondientes".

En la práctica, no obstante, los fiscales acostumbran llamar al representante de la persona menor de edad (padres, tutores, guardadores) para que confirmen la denuncia y asuman otros derechos y deberes legales. En todo caso en que se trate de personas menores de edad ofendidos se notifica al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

En casos en que exista un interés contrapuesto entre la persona menor de edad denunciante y su padre y/o madre (por ejemplo, en los casos de delitos cometidos por uno de los padres en perjuicio del hijo menor), o bien cuando la persona menor de edad no tenga representante (por ejemplo, en estado de abandonado) el encargado de ejercer directamente la acción en contra del imputado es el Ministerio Público.

El Ministerio Público no puede negarse a recibir ninguna denuncia, por los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. Aun en casos como violencia doméstica, contravenciones, atención a la víctima, pensiones alimentarias u otras gestiones, el representante del Ministerio Público está obligado a recibir la gestión y resolver lo que en Derecho corresponda, o bien a orientar al denunciante para que acuda ante el despacho correcto.

¿Cómo funcionan los Juzgados de Turno (horarios extraordinarios)? Los Juzgados Mixtos (de varias materias) y ¿Por qué?

Las oficinas de Turno Extraordinario tendrán competencia para actuar en la circunscripción territorial correspondiente a las oficinas de San José, I, II y III Circuito. Los Juzgados al igual que los tribunales están estructurados según su competencia, según la materia, la cuantía y el territorio. Los diferentes órganos que administran justicia lo hacen dentro de un determinado territorio o plano geográfico delimitado y dentro de una materia. Esto sucede sin perjuicio de que existan juzgados que se dediquen a varias materias, porque la población es muy reducida, no resulta práctico ni conveniente tener un juzgado por cada una de ellas.

Según la materia, los juzgados resuelven asuntos en materia civil, laboral, de familia, pensiones alimentarias, violencia doméstica, penales, contravencionales, de tránsito contencioso administrativo y civil de hacienda, penal juvenil, niñez y adolescencia, ejecución de la pena y agrarios.

El territorio de un juzgado está determinado por la Corte, la cual tiene una división territorial propia. Esta división judicial está dada partiendo del principio del adecuado servicio público, de ahí que se hace tomando en cuenta aspectos relativos al acceso de los ciudadanos a la justicia y viceversa.

¿Cuáles son las etapas del proceso ordinario (demanda, notificación, audiencias, etc.)?

El proceso ordinario conlleva trámites más largos y solemnes, por lo tanto ofrece a las partes mayores oportunidades y mejores garantías para la defensa de sus derechos. Las etapas del proceso ordinario son: Iniciación, Demostrativa y Sentencia

Iniciación:
Comienza con la demanda. Se establecen los sujetos, los hechos, los textos legales, las pretensiones, daños y perjuicios, pruebas y testigos.

Allanamiento, Rebeldía, Oposición
Demostrativa se refiere al desenvolvimiento de la teoría general de la prueba en sus cuatro etapas: de proposición u ofrecimiento, admisibilidad e inadmisibilidad, producción o evacuación y apreciación. En la cual se da la regulación de los diferentes medios de prueba. Sentencia: Fase de Conclusión donde con la unión de legajos de prueba y dictado de la sentencia se llega al fin de esta fase que es el concluir el proceso.



ORDINARIO

FASE DE INICIACIÓN



REQUISITOS

290 C.P.C.

PREVENCIONES

5 DÍAS

TRASLADO

30 DÍAS (295 C.P.C.)

EXCEPCIONES

10 DÍAS (297 C.P.C.)

OBJECIÓN A LA CUANTÍA

10 DÍAS (298 C.P.C.)

AMPLIACIÓN PRETENSIÓN

(313 C.P.C.)HASTA ANTES DE SENTENCIA DE 1 INSTANCIA

AMPLIACIÓN DE LOS HECHOS

(313 C.P.C.)HASTA ANTES DE SENTENCIA DE 1 INSTANCIA

ALLANAMIENTO

304 C.P.C.

REBELDÍA

310 C.P.C.

NEGATIVA

290 Y 305 C.P.C.

AUDIENCIA DE LA CONTESTACIÓN

3 DÍAS (305 C.P.C.)

RECONVENCIÓN

290 Y 308 C.P.C.

CORREGIR RECONVENCIÓN

3 DÍAS (308 C.P.C.)

AUDIENCIA DE LA RECONVECIÓN (RÉPLICA)

15 DÍAS (309 C.P.C.)

EXCEPCIONES Y OBJ. CTÍA.

8 DÍAS (309 C.P.C.)

AUDIENCIA DE LA RÉPLICA

3 DÍAS (309 C.P.C.)

CONCILIACIÓN

314 C.P.C.

FASE DEMOSTRATIVA



PLAZO ORDINARIO

40 DÍAS (320 C.P.C.)

APLIACIÓN

40 DÍAS (320 C.P.C.)

EXTRAORDINARIO

4 MESES (321 C.P.C.)

MEDIOS DE PRUEBA

318 C.P.C.

APERTURA DE LEGAJOS

319 C.P.C.

INEVACUABILIDAD DE LA PRUEBA

325 C.P.C.

FASE CONCLUSIVA



UNIÓN DE LEGAJOS

418 C.P.C.

ALEGATO DE CONCLUSIONES

418 C.P.C.

DICTADO DE LA SENTENCIA

1 MES (151 C.P.C.)

APELACIÓN

5 DÍAS (559 C.P.C.)

¿Qué casos se derivan a OIJ, Fiscalía; Ministerio Publico? (Principales diferencias)

OIJ
Su Ley Orgánica dispone que actuará por iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente en la investigación de los delitos de acción pública, en la identificación y aprehensión preventiva de las presuntas personas culpables. También pretende reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación.

Asimismo, el OIJ actuará en los delitos de acción privada, por orden de autoridad competente después de recibida la denuncia o acusación de la parte afectada.

Ministerio Público
El Ministerio Público de Costa Rica tiene la función acusatoria ante los Tribunales Penales mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública, labor que cumple conjuntamente con el OIJ.

No obstante, cuando la ley lo faculte, previa autorización del superior, el representante del Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda total o parcialmente de la persecución penal, que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho.

Este mismo ente debe intervenir en el procedimiento de ejecución penal, en la defensa civil de la victima cuando corresponda y asumir las demás funciones que la ley le asigne.

Fiscalía
Funciones generales.
Los fiscales adjuntos, fiscales y fiscales auxiliares actuarán en representación del Ministerio Público en todas las fases del procedimiento penal. En los casos de su conocimiento podrán actuar en todo el territorio nacional, sin perjuicio del auxilio mutuo que deben prestarse.

Estos funcionarios y funcionarias podrán actuar en forma conjunta y en coordinación con los órganos fiscalizadores de las instituciones públicas cuando estas realicen investigaciones de interés público y exista sospecha de la comisión de delitos.

El o la fiscal a cargo de la investigación de un delito debe identificar y reunir los elementos de convicción de forma que permita el control del superior, la defensa, la víctima, el querellante, las partes civiles y del juez.

Funciones específicas. Corresponde al fiscal adjunto dirigir y coordinar la fiscalía adjunta que se establezca ya sea territorial o especializada. De él dependerán los fiscales y fiscales auxiliares adscritos a la fiscalía.

En especial el fiscal adjunto distribuirá las labores y los casos entre los funcionarios a su cargo, siguiendo las directrices del Fiscal General.

Corresponde a el o la fiscal asumir personalmente las labores de investigación y el ejercicio de las acciones que correspondan al Ministerio Público. De las y los fiscales dependerán directamente las y los fiscales auxiliares que se le adscriban, según la distribución de trabajo que disponga la o el Fiscal General. Las y los fiscales auxiliares actuarán en las etapas preparatoria e intermedia, sin perjuicio de participar excepcionalmente en las fases sucesivas del procedimiento.

Qué tipo de denuncias se presentan ante el Juzgado Contravencional?

Las denuncias presentadas ante el Juzgado Contravencional son las relacionadas con faltas menores que cometen las personas contra la integridad corporal de otras personas. (como por ejemplo: lesiones levísimas, amenazas personales y otras).

Las contravenciones no son consideradas como un delito, sino que constituye una falta menor que se sanciona con días multa, según sea el caso.

Cuando la persona reincide en este tipo de conducta la pena será de días de prisión, por ejemplo para el caso de lesiones levísimas la pena será de 10 a 30 días de prisión y en las contravenciones de daños y de hurto menor será de 5 a 20 días de prisión.

Las sanciones que se establecen van desde multas, trabajo comunal o resarcir el daño ocasionado.

Al producirse la separación entre padre y madre, el Tribunal o Juez de Familia, deberá determinar tanto los aspectos relativos a la guarda, crianza y educación de la persona menor de edad, como al régimen de interrelación entre estos.

El régimen de interrelación entre el padre y la madre es el comúnmente denominado régimen de visitas, que establece la forma de relación de estos cuando viven con la persona menor de edad.

El régimen de visitas está desarrollado a nivel internacional tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.

Dispone el artículo 9, párrafo tercero de la Convención de los Derechos del Niño, lo siguiente:

“Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres, de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.”

Por su parte, el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores señala en el artículo 5 inciso b, el contenido del derecho de visita, al disponer:

“el “derecho de visita” comprenderá el derecho de llevar al menor, por un tiempo limitado, a otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual”.

Bajo la misma inteligencia, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, dispone en el artículo 3, lo siguiente:

“Artículo 3. Para los efectos de esta Convención:... b) El derecho de visitas comprende la facultad de llevar al menor por un periodo limitado a un lugar diferente al de su residencia habitual...”

El derecho de visita, , está concebido como un medio idóneo para fortalecer el afecto y la relación entre personas a las que unen vínculos de filiación con o sin relación de sangre y hasta llega a hablarse de los padrinos bautismales y corresponsabilidad en cuanto a su bienestar.

Se dirige a mantener la unidad familiar en circunstancias de deterioro de las relaciones entre las personas progenitoras, o entre estos y ascendientes o colaterales” y consiste, en la comunicación con las personas visitadas, ya sea a través de entrevistas personales, correspondencia postal, comunicación por cualquier otro medio (teléfono, internet, etc.) o estancias a fin de estrechar las relaciones protegidas.

El Tribunal o Juez de Familia, al producirse la separación entre padre y madre, deberá determinar tanto los aspectos relativos a la guarda, crianza y educación del menor, como al régimen de interrelación de los menores con sus padres.

En nuestro país, específicamente lo acoge el Código de Familia y diversos instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica.

¿Qué es?
La filiación es el vínculo jurídico que existe entre dos personas donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico.

Del carácter estrictamente jurídico de la relación filial se desprenden ciertas consecuencias.

  • En primer lugar, puede darse que no toda persona tenga una filiación o estado filial.
  • En segundo lugar, la filiación biológica puede perfectamente no coincidir con la filiación jurídica; por ejemplo, si alguien siendo padre biológico, pierde el juicio de reclamación por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

La relación jurídica que determina la filiación puede constituirse sin atender al hecho biológico de la procreación, por ejemplo, en el supuesto de la adopción.

El contenido de la filiación establecido en el Código de Familia, se caracteriza fundamentalmente por el reconocimiento de los derechos personales y patrimoniales que determinan las relaciones jurídicas entre padres, madre, hijos e hijas.

En relación con los efectos que produce la filiación extramatrimonial, debe indicarse que no difieren de los que engendra la filiación matrimonial. Dichos efectos se han clasificado tradicionalmente en personales y patrimoniales, dependiendo del contenido y naturaleza de los derechos a los que estén referidos.

En la filiación existen diversos intereses y derechos dignos de tutela, entre esos destacan los de carácter genéticos, personal, afectivo, patrimonial, etc., y que la relación paterno filial, entendida como relación jurídica existente entre padre, madre, hijos y/o hijas, supone o posibilita la existencia de un lazo, que no sólo es consecuencia del acto procreador (aspecto biológico), sino que constituye un hecho afectivo y humano.

Dicha relación, como humana que es, incorpora elementos emocionales, sociales, espirituales, patrimoniales, etc., que proveen a su innegable complejidad.” (Sala Constitucional, resolución número 1894-1999 de las diez horas con treinta minutos del doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el subrayado no es del original. En sentido similar, es posible ver la resolución 6813-2008 de las diecisiete horas y cincuenta y seis minutos del veintitrés de abril del dos mil ocho.)

La relación filial encuentra sustento constitucional en el artículo 53 de la Constitución Política y que consagra la obligación de los padres, madres de velar por sus hijos y/o hijas, tanto los nacidos dentro como fuera del matrimonio, así como el derecho fundamental de las personas a saber quiénes son su madre y padre.

Señala dicha norma:

“Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él.

Toda persona tiene derecho a saber quiénes son su madre y/o padre, conforme a la ley.

Así, los artículos 2 y 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño reproducen los derechos contenidos en el artículo 53 de la Constitución Política, tanto desde la perspectiva de la no discriminación en razón del origen de los hijos y/o hijas, como del derecho de las personas menores a saber quiénes son estos.

Señalan las normas en comentario, en lo que interesa, lo siguiente:

ARTICULO 2

Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en esta Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales...

ARTICULO 7

El niño será registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde éste a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

¿Quiénes pueden plantarlo?

La filiación no es más que el vínculo que une a los hijos con los padres, y viceversa. Por lo cual puede ser planteado el proceso de filiación por la madre o padre de la persona menor de edad.

Capítulo I, II, III del código de familia sobre la filiación.

¿Es legal que en caso de separación de los progenitores, uno de los dos se lleve a los hijos e hijas y no permita que el otro los pueda ver y relacionarse? ¿Qué hacer ante esos casos?

Lo conveniente en caso de separación del padre y la madre es establecer un régimen de visitas para que así ninguno tenga restricciones para ver a sus hijos e hijas; ya que se debe respetar el derecho de la(s) persona(s) menor(es) de edad a mantener relaciones personales y contacto directo con su padre y madre, de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior.

El proceso se plantea por medio de un abogado, ante el Juzgado de Familia correspondiente.

¿Qué es la Autoridad Parental?

La autoridad parental es un efecto personal de la filiación, que consiste en el hecho de ejercer conjuntamente la madre y el padre autoridad sobre el hijo y/o hija. El padre y la madre ejercen, con iguales derechos y deberes, la autoridad parental sobre los hijos y/o hijas habidos en la relación.

Este concepto se opone al de "fuerza paternal" que garantiza la exclusividad de la autoridad del padre sobre toda la familia, incluida la madre. La autoridad parental significa, en cambio, la igualdad de los derechos y deber del padre y la madre en la educación de los niños.

¿En cuáles casos se puede gestionar un Proceso por Conflicto de Autoridad Parental?

En caso de conflicto, a petición de cualquiera de las personas progenitoras, el Tribunal decidirá oportunamente, aun sin las formalidades del proceso, y sin necesidad de que las partes acudan con un profesional de derecho.

Articulo 151 Código de Familia.

¿Ante quién se plantea?

El proceso de conflicto de Autoridad parental se plantea en el Juzgado de Familia donde vive la persona menor de edad.

¿Quién lo puede gestionar?

Sólo el padre o la madre podrían reclamar la asignación de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas menores de dieciocho años, claro está, siempre y cuando lo hagan en forma personal. Otro familiar o persona ajena al padre o madre no podrían ya que no tiene legitimación ni legal ni procesal para hacerlo. Además cualquier tercero es ajeno al proceso de autoridad parental.

Es importante mencionar que la guarda, crianza y educación de un hijo o hija, es EXCLUSIVA de padre y madre; es decir solamente ellos están legitimados, activa y pasivamente, para disputarse tales atributos de la autoridad parental, tal y como se desprende del numeral 151 del Código de Familia.

¿Qué se busca con este proceso?

Este proceso busca someter a los tratamientos psicopedagógicos o médicos, a fin de propiciar curación o regeneración de la autoridad parental el cual busca educar, guardar, vigilar y en forma moderada, corregir al hijo.

Además cuando sea necesario una hospitalización, tratamiento, o intervención quirúrgica decisivos e indispensables para resguardar la salud o la vida del menor queda autorizada la decisión facultativa pertinente aún contra el criterio de los padres.

Artículo 143 y 144 del Código de Familia.

En Costa Rica, la Ley contra la Violencia Doméstica número 7586, se promulgó en abril de 1996 y constituye un instrumento imprescindible para la protección de los derechos de las mujeres, las niñas, niños, hombres, personas adultas y las personas con discapacidad que sufren violencia en el seno de su familia. La misma garantiza derechos constitucionales como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la dignidad humana.

Además los derechos de las personas y los de la familia se encuentran garantizados en la Constitución Política.

¿Qué es?

Para que se dé violencia doméstica tiene que mediar una relación familiar o afectiva ejercida contra un pariente por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho o por una relación de guarda, tutela o curatela y que produzca como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial.

El vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya finalizado la relación que lo originó. Así, todo maltrato que provenga de un familiar o de su pareja, es agresión doméstica, cualquiera que sea el lugar donde se da y la forma en que se manifieste.

Diferentes tipos de violencia doméstica son:

  1. Violencia psicológica: Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.

  2. Violencia física: Acción u omisión que arriesga o daña la integridad corporal de una persona. Es aquélla que se ejerce directamente sobre el cuerpo de otra persona, causando lesiones, danos y dolor, empujones, golpes, mordeduras, quemaduras, cortaduras, pellizcos, bofetadas, jalones de cabello, agresión con objetos o armas.

  3. Violencia sexual: Consiste en obligar a otra persona a realizar una acción o actividad de contenido sexual sin su consentimiento. Entre varias tenemos, el Acoso sexual, relaciones mediante el uso de la fuerza o amenazas, exhibicionismo, uso de pornografía, introducción de objetos en órganos sexuales, relaciones sexuales que lastiman.

  4. Violencia patrimonial o económica: Consiste en provocar daños a las pertenencias personales, familiares y de trabajo de los miembros de la familia. Además, se ejerce cuando se limita el acceso a los recursos económicos.
¿Quiénes pueden ser víctimas de violencia doméstica?

Todas las personas son susceptibles de sufrir violencia doméstica. Sin embargo, las mujeres son las más afectadas.
Entre las personas que pueden sufrir violencia domestica están:

  1. Las mujeres de todas las edades.
  2. Las niñas y los niños.
  3. Las adolescentes y los adolecentes.
  4. Las personas con alguna discapacidad.
  5. Las personas adultas mayores; y también los hombres adultos, aunque en menor cantidad.

Toda persona puede sufrir violencia doméstica sin importar la edad, el sexo, la etnia, la nacionalidad, estado civil o situación migratoria.

¿Puede un niño, niña o adolescente plantear una denuncia ante el juzgado de violencia doméstica (en caso de que pueda desde que edad puede plantea, la puede plantar solo? o ¿tiene que ir acompañado?

Toda persona mayor de doce años que está sufriendo una situación de violencia en su hogar, puede plantear una denuncia ante Juzgado Especializado en Violencia Doméstica Juzgado de violencia doméstica o bien acudir al Juzgado de Familia más próximo. En caso de que no exista, debe ir al Juzgado Contravencional de Menor Cuantía más cercano y presentar una denuncia para solicitar medidas de protección.

Cuando la persona agredida es menor de edad, otra persona puede solicitar las medidas de protección a su favor. Pueden hacerlo las madres, los padres, los tutores, los funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), los funcionarios de hospitales, docentes de centros educativos o cualquier persona adulta.

¿Contra quién se pondría la denuncia de violencia doméstica?

La denuncia se pondría a aquella persona o personas que tenga parentesco familiar con la persona agredida.

¿Qué es?

La guarda, crianza y educación son atributos esenciales de la patria potestad.

Los poderes-deberes de cuidar a la persona menor de edad, de tenerlos en su compañía (guarda), proporcionarles los alimentos y los estímulos físicos para su adecuado desarrollo (crianza), y prepararlos para su vida (educación), son inherentes a las dos personas progenitoras (padre y madre)

¿Quién (es) la tienen?

Durante la convivencia normal del padre y madre, éstos ejercen conjuntamente la guarda de sus hijos e hijas menores de edad. La guarda integra las relaciones paterno-filiales de la patria potestad y comprende, respecto de padre y madre, la obligación de protegerles, educarles, vigilar su conducta y en su caso corregirles adecuadamente sin la implementación del castigo físico (corporal) o cualquier otro tipo de castigo humillante y, respecto de los hijos e hijas, la obligación de convivir en el hogar con su padre y madre, o dónde ellos determinen.

Producida la separación personal del padre y de la madre, y aun cuando alguno de estos continúe en el ejercicio de la patria potestad, parece evidente que en lo sucesivo a la guarda no puede ser asumida por ambos progenitores. Al disgregarse (disolverse) el hogar común y residir padre y madre separadamente, es inevitable atribuir los deberes de guarda a uno u otro.

Es así, que la atribución de la guarda se logra mediante la llamada convivencia habitual de los hijos e hijas menores de edad.

Pero al declarar el divorcio, el Tribunal o Juzgado de Familia que por jurisdicción corresponda, tomando en cuenta el interés superior de los hijos e hijas menores de edad y las aptitudes física y moral de las personas progenitoras, determinará a quién confía la guarda, crianza y educación de aquellos. Sin embargo, si ninguno de los progenitores está en capacidad de ejercerlas, se confiarán al Patronato Nacional de la Infancia o persona idónea, quienes asumirán las funciones de tutor.

El Tribunal adoptará, además, las medidas necesarias concernientes a las relaciones personales entre padre, madre, hijos e hijas. Cualquiera que sea la persona o institución a cuyo cargo queden las personas menores de edad, los y las progenitoras quedan obligados a sufragar los gastos que demanden sus alimentos (por concepto de pensión alimentaria), conforme al artículo 56 y 35 del Código de Familia.

Lo resuelto no constituyen cosa juzgada y el Tribunal podrá modificarlo de acuerdo con la conveniencia de las personas menores de edad o por un cambio de circunstancias.

¿En qué casos el Juez puede modificarla?

Puede ser modificada cuando la persona progenitora que ejerza la Guarda, Crianza y Educación incumpla sus deberes parentales, por situaciones de negligencia, abandono, maltrato físico o psicológico, exposición a situaciones violatorias de los derechos de las hijas e hijos.

¿Cómo se solicita el cuido de mi hijo (as)?

En caso de separación del padre o la madre se podría acudir al Juzgado de Familia más cercano donde reside la persona menor de edad para solicitar la cuido de esta, o bien una modificación, o incluso la sustitución de quién ostenta la guarda, crianza, y educación.

En procesos de custodia de personas menores de edad se procura la tramitación de la forma más expedita posible según principio de inmediatez, para así procurar que se dilucide la condición lo antes posible.

Relaciones Impropias | Versión #1

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